Tras
la aprobación el pasado día 20 de diciembre de la última reforma
de la “ley del aborto” (Ley de Protección de la Vida del
Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada) por el gobierno
del Partido Popular se ha generado el
consiguiente debate social en torno a que una vez más se ponga en
tela de juicio nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos,
nuestra vida reproductiva y sobre cuándo queremos ser madres, si es
el caso, la lucha por el aborto libre y gratuito debe seguir
vigente.
La
interrupción voluntaria del embarazo es un derecho que tenemos las
mujeres. DERECHO, NO OBLIGACIÓN. Quiere esto decir que es LA MUJER
(no la ley, ni la iglesia, ni el estado) la que decide si quiere
seguir adelante con su embarazo o no, porque se trata de su cuerpo y
su vida.
Una
parte fundamental de la reforma que denunciamos es la materialización
legislativa de una imposición de la Iglesia católica, lo cual deja
claro una vez más la vigencia de la íntima vinculación entre la
Iglesia y el Estado. Si bien esta relación siempre ha sido una
constante en la articulación del poder estatal español.
En
un contexto cada vez más represivo sobre todo en aspectos laborales
y sociales, las mujeres sufrimos las consecuencias de lo que ellxs
llaman crisis: despidos baratos, contratos cada vez más precarios,
privatización de servicios públicos con todo lo que afecta a salud,
educación, servicios sociales casi nulos, eliminación de las ayudas
a la dependencia, etc. Las mujeres, poco a poco, volvemos a quedarnos
dentro de casa, cuidando, como hace 50 años.
El
Gobierno ha manifestado en la memoria que ha realizado el Ministerio
de Justicia sobre la reforma de la ley del aborto sus esperanzas en
que esta aumente
la natalidad gracias
a las nuevas trabas para interrumpir el embarazo, por lo que no
persigue otro objetivo que la búsqueda de más mano de obra barata y
esclavizada, la cosificación de las mujeres reduciéndolas a meras
incubadoras y más niños y niñas de los que la Iglesia pueda seguir
abusando.
La mayor profundización de las contradicciones en el actual periodo
de crisis del capitalismo implica que la libre posibilidad de la
reproducción y el desarrollo digno de la vida, se ven atacados por
la lógica de la acumulación y el beneficio de las minorías
expotadoras.
Y
en esta línea, el ministro de in-justicia, Gallardón, que no el
ministerio de Sanidad como correspondería, y el gobierno del PP, nos
quiere quitar lo poco que hemos logrado con la lucha feminista :
poder abortar en la sanidad pública hasta las 14 semanas.
La
despenalización parcial del aborto en el 85 fue un avance fruto de
nuestra lucha, que aunque insuficiente desenmascaró la posición
política del PSOE respecto al aborto, lo cual quedó corroborado en
la última reforma donde 20 años después mantuvieron el aborto como
delito. Ahora, por las presiones de sectores ultraconservadores como
la jerarquía de la iglesia católica, quieren endurecer o eliminar
los supuestos, dejarnos sin nuestro derecho a decidir libremente. Nos
dicen que no nos preocupemos, que ninguna mujer irá a la cárcel por
abortar. ¿Pero qué pasa con las y los profesionales? Ellos y ellas
sí. Esa es la finalidad: ELIMINAR CASI TODOS LOS SUPUESTOS Y
ELIMINAR LAS CLÍNICAS ABORTISTAS AMENAZANDO A SUS PROFESIONALES. Por
no hablar de los abortos inseguros que se seguirán realizando.
El
estado nos reprime de mil formas, y una más y muy dura para
nosotras, es negarnos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Esta
sociedad patriarcal entiende que las mujeres somos propiedad de los
varones y que no estamos capacitadas para tomar decisiones, por ello
quiere seguir con la apropiación y el control de nuestro cuerpo y de
nuestra sexualidad. El maltrato institucional nos aboca a la
violencia estructural. Sin respeto a nuestras decisiones no hay
futuro en igualdad para las mujeres.
La
Plataforma por la Sexualidad y el Aborto Libres, que nace con la
intención de impulsar el movimiento feminista en aras de
visibilizar, denunciar y defender los derechos de la mujer
trabajadora frente a los continuos ataques sufridos y también frente
a la hipocresía e ineficacia de la política institucional,
MANIFIESTA QUE:
- Exigimos
que se respete el derecho de las mujeres de cualquier edad a decidir:
la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión que debe
tomar cada mujer libremente, sin ningún tipo de coerción.
- Reclamamos
que se garantice nuestro derecho de acceso a un sistema sanitario
público, de calidad, gratuito y universal, independientemente de
nuestro origen o clase social y del territorio en que residamos.
Queremos que se regule la objeción de conciencia.
- Luchamos
por que se establezcan políticas reales y efectivas de planificación
familiar, incluidas en la seguridad social y protección frente a
enfermedades de transmisión sexual.
- Demandamos
anticonceptivos gratuitos, formación para los y las jóvenes y que
se fomente la investigación en anticoncepción.
- Reivindicamos
que en el sistema educativo se incluya la educación en igualdad con
materias que aborden las relaciones afectivo-sexuales.
- Queremos
que haya una formación específica en estas materias para el
personal sanitario, educativo y de servicios sociales.
- Exigimos
la completa despenalización del aborto y que se aplique en todos los
territorios.
ABORTAR
ES UN DERECHO, NO UNA OBLIGACIÓN NI UN DELITO. Quien no quiera
hacerlo, que no lo haga. Y que quede claro: ABORTAMOS LAS MUJERES, NO
EL ESTADO NI LA IGLESIA.
PLATAFORMA
POR UNA SEXUALIDAD Y ABORTO LIBRES
(ACCIÓN
FEMINISTA, BLOQUE OBRERO, CGT, CNT, SODEPAZ BALAMIL, TEJIENDO EN
MORADO Y UJCE)
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