El pasado 28 de mayo la Asamblea de Estudiantes de la UVa, Bloque Obrero, CGT y CNT organizaron una rueda de prensa apoyada por más de 20 colectivos de la ciudad para denunciar el aumento del acoso y la criminalización que está sufriendo el movimiento social en la ciudad. La intervención se centró en los sucesos de los pasados 1 y 9 de mayo que terminaron con varias personas detenidas y otras imputadas por delitos falsos. Solo dos medios acudieron a la cita y se hicieron eco del mensaje, motivo por el que enlazamos el texto.
Hemos invitado a los
medios hoy para denunciar el aumento de la represión y el acoso
policial que los movimientos sociales y políticos estamos padeciendo
en Valladolid y que se ha evidenciado los pasados días 1 y 9 de mayo
con las brutales e innecesarias cargas policiales y con las
detenciones e imputaciones injustas de varios compañeros.
Ante los procesos de
privatización de los servicios públicos, los brutales recortes y el
empobrecimiento al que nos condenan las medidas neoliberales de
Europa y del gobierno, resulta lógico y legítimo que estemos en la
calle de manera sostenida, defendiendo nuestras condiciones de
trabajo, nuestros servicios públicos y luchando por otro modelo de
sociedad más justo.
Esos principios comunes
impulsaron a que los días 1 y 9 de mayo estuviéramos en la calle,
manifestándonos de manera pacífica y sin ningún tipo de violencia.
Pero, a pesar de que reiteramos el carácter pacífico de las
convocatorias, la actitud de la policía sí fue violenta y
provocativa, de cara a fabricar culpables para criminalizar las
protestas.
El 1º de mayo distintas
manifestaciones recorrían la ciudad con motivo del Día de la Clase
obrera. Casi al final de la manifestación convocada por CNT, que
transcurría con normalidad, tres policías irrumpieron en ella entre
golpes y empujones para coger a dos chicas, creando un revuelo que
fue aprovechado por estos y sus compañeros para cargar contra los
manifestantes. A pesar de que finalmente los ánimos se calmaron y se
pudo finalizar el acto -aunque con gran presencia policial-, el
incidente no terminó en ese momento. Varios agentes persiguieron y
detuvieron de forma violenta a un manifestante que abandonaba el
lugar sin justificación alguna. El compañero detenido relata un
trato vejatorio, con continuas amenazas y actitud violenta por parte
de la policía durante el tiempo que estuvo retenido. Al comparecer
en vista oral le informaron de que estaba acusado de agresión a dos
policías, desórdenes públicos y atentado a la autoridad, cargos
totalmente falsos.
Casualmente son los
mismos que pesan sobre los dos detenidos durante la jornada de huelga
educativa. El pasado 9 de mayo, la Asamblea de Estudiantes de la Uva
convocó un escrache a la Consejería de Educación que fue apoyado
por diferentes colectivos y organizaciones de la ciudad. Una parte
importante de las personas allí reunidas accedieron al interior del
edificio y recorrieron sus pasillos repartiendo un manifiesto a
funcionarios y funcionarias hasta llegar al despacho del consejero,
que no se encontraba allí en ese momento. Al llegar, se leyó ese
mismo manifiesto y se abandonó el edificio pacíficamente y sin
ningún tipo de violencia. Al salir, varios antidisturbios rodearon
al grupo y comenzaron a pedir identificaciones a la vez que creaban
un clima de tensión y nerviosismo. A los pocos minutos comenzaron a
cargar de manera brutal e injustificada con el objetivo de llevarse a
un compañero. Finalmente, fueron dos los detenidos y varios los
identificados a los que se les imputa el delito de atentado.
Las identificaciones y
las multas no son novedad para las personas más implicadas en las
luchas sociales, pero no se puede negar la llegada de una nueva ola
represiva y es nuestra responsabilidad denunciar y condenar la
violenta y desmedida actuación policial cuyo único fin es crear un
clima de miedo entre las personas que ejercen su derecho de
manifestación.
Entendemos que esta
campaña es solo el principio y, como ya denunciamos en anteriores
convocatorias, mientras se castiga a los trabajadores y trabajadoras
con recortes sociales y de derechos, el gobierno aprobó este año un
incremento del gasto policial de un 1.780%, por lo que tiene más que
definida su estrategia. Queremos, por ese motivo, señalar a la
subdelegación del gobierno como responsable de las nefastas
actuaciones policiales y pedimos explicaciones al subdelegado que
está señalando y persiguiendo a organizaciones que ejercen su
legítimo derecho de protesta y en cada convocatoria está
identificando y amedrentando a las personas que participan en ellas
para criminalizarlas de cara a la opinión pública.
No obstante, no podemos
obviar la actitud general de los medios de comunicación que, en un
ejercicio de irresponsabilidad profesional, reproducen las notas
enviadas por la policía, con su mismo lenguaje y sus mismos
argumentos, sin contrastar con los afectados o con las organizaciones
convocantes la veracidad de los comunicados policiales. Los medios de
comunicación tienen la obligación de, antes de dar una noticia,
contactar con todas las fuentes afectadas para trasladar a la
ciudadanía un relato de los hechos que se acerque a la realidad lo
máximo posible y como parte de la sociedad exigimos que, dado el
papel y la influencia que ejercen en ella, sean profesionales y
serios y no se conviertan en simples altavoces de la policía o de
determinados partidos políticos.
A pesar de toda la
campaña represiva orquestada por el Estado, anunciamos que
continuaremos en la calles denunciando sin miedo cada una de las
medidas injustas y animamos a todas las personas a ejercer su derecho
de manifestación y a hacer frente a cualquier recorte de derechos o
privatización.
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