En esta última crisis el capitalismo muestra su lado más agresivo contra la clase trabajadora: en esta ocasión vienen con todo y a por todo.
Y los gobiernos de estados y comunidades, al dictado de los especuladores, se quitan la máscara amable y muestran su verdadera identidad como instrumento de saqueo, a base de reformas laborales, de recortes y de hacer recaer la carga fiscal en los de abajo.
Les ha faltado tiempo. En dos meses escasos de legislatura el gobierno central ha puesto las cartas boca arriba, imponiendo toda una serie de medidas dirigidas a recortar los servicios públicos, los derechos laborales y el poder adquisitivo de todos los trabajadores, tanto del sector privado como de las administraciones públicas.
A los trabajadores de los servicios públicos les ha congelado los salarios y la oferta de empleo, les ha aumentado la jornada y les ha subido el IRPF. También ha aprobado una reforma laboral que posibilita a los empresarios deshacerse de trabajadores y trabajadoras con un despido libre y barato, cuando no directamente gratis. Una reforma laboral que permite la aplicación libre de EREs, abriendo la puerta a todo tipo de fraudes. Una reforma laboral que da prioridad a los convenios de empresa o a los pactos individuales, dejando así los derechos laborales a merced de lo que el dueño de cada empresa considere. Una reforma laboral que obliga a los parados a realizar servicios sociales y extiende unos contratos de formación, sin derechos, hasta los 30 años.
Aquí, en Castilla y León, los parlamentarios de las Cortes van a aprobar - el 28 de febrero-, la Ley de Medidas de Racionalización del Gasto Público, para -según dice el gobierno de la comunidadcumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Medidas que van en la misma dirección que las del gobierno central: cargar las consecuencias de la crisis sobre nosotros, los trabajadores y trabajadoras; sobre el empleo, sobre nuestros derechos laborales y sobre los servicios públicos.
El aumento de la Jornada Laboral Semanal a 37´5 horas va a suponer la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo en la
Junta de Castilla y León (1.500 en educación, 4.000 en sanidad, 2.500 en servicios sociales y 2.000 en administración, aproximadamente).
Pero, además del incremento del horario, esta Ley supone la reducción al 75% de las prestaciones por Incapacidad Laboral Transitoria a partir del tercer mes de baja para todos los funcionarios del Régimen de la Seguridad Social y la eliminación del derecho al cobro del verano a los interinos de educación que no trabajan el curso completo.
Por otra parte, la aplicación de los cinco céntimos del copago sanitario –impuesto indirecto que nos afecta a todos y todas-, representa una doble carga para los trabajadores y trabajadoras que tiene que desplazarse y poner su vehículo a disposición de la Administración.
Consecuencias directas de la aplicación de esta Ley van a ser: mayor número de alumnos por aula y menor atención a la diversidad en educación, menos tiempo por paciente y más listas de espera en sanidad, menor cobertura social en situaciones de exclusión o discapacidad y mayor lentitud de los procesos administrativos. Un grave deterioro de los servicios públicos y puertas abiertas a la mercantilización, la externalización y la privatización de la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales.
Pretenden que trabajemos más tiempo por menos dinero, prácticamente en condiciones de esclavitud. Intentan privarnos del derecho a una educación y una salud universales. Aspiran a un modelo en el que la calidad sea exclusiva de quiénes se la puedan pagar y reservan para el resto un sistema público de tercera.
Estamos ante un momento crucial. Necesitamos que la alternativa a esta crisis salvaje sea construida desde planteamientos más justos y más solidarios. Tenemos la obligación como clase trabajadora de organizarnos contra esta ofensiva. De la respuesta que encuentren por nuestra parte va a depender el verdadero alcance de su embestida.
Y no va a ser suficiente con respuestas tibias o locales ni con movilizaciones puntuales... Va a ser necesaria una respuesta unitaria, global, contundente. Los trabajadores y trabajadoras somos un colectivo poderoso y debemos ser conscientes de ello. Es preciso un gran esfuerzo para unir voluntades. Es tiempo de unidad.
UNIDAD SÍ, PERO PARA LUCHAR
¡VIVA LA LUCHA DE LACLASE OBRERA!
¡ POR LA HUELGA GENERAL!
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