NI ESTADO NI RELIGIÓN, LA QUE MANDA EN MI ÚTERO SOY YO.
Hoy, 28 de Septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, volvemos a salir a la calle para seguir reivindicando nuestros derechos sexuales y reproductivos; y para recordar que se ha retirado el anteproyecto de Ley Gallardón y se ha conseguido su dimisión gracias a la presión feminista ejercida. Esta es, sin duda, una gran demostración de la fuerza y valor de las movilizaciones en la calle y un motivo más para desterrar todas esas ideas que pretenden que nos quedemos en casa, escudándose en la creencia de que ocupar nuestro espacio y reivindicar nuestros derechos no vale para nada.
Sin embargo, la lucha sigue. Nada nos dice que el día de mañana estos gobernantes, al servicio y cumpliendo las instrucciones marcadas por las altas instituciones de la iglesia, vuelvan a ponerlo encima de la mesa, perpetrando el mayor ataque a la dignidad de las mujeres de los últimos años. A pesar de haber conseguido mantener la actual ley de plazos de 2010, las mujeres seguimos soportando que los demás decidan por nosotras, y aún estamos lejos de conseguir nuestro objetivo de ver garantizado en el sistema sanitario el acceso a un aborto libre, seguro y gratuito.
LIBRE, es decir, sin plazos ni supuestos. Sin semanas que nos impongan límite a nuestra capacidad de decidir ni supuestos que dicten cuando está bien moralmente (según la moral católica, claro).
SEGURO, porque reivindicamos que las mujeres que deseen someterse a este procedimiento, puedan hacerlo en condiciones de salubridad y con los especialistas adecuados, y no a través de abortos clandestinos que acaben en infecciones severas, esterilidad o incluso la muerte.
Y por último GRATUITO, ya que consideramos que la interrupción voluntaria del embarazo debería ser accesible a todas las mujeres, independientemente de su poder adquisitivo o su clase social.
Seguimos pidiendo a gritos la completa despenalización del aborto, que aún hoy sigue manteniéndose en el código penal permitiendo procesos judiciales que entrañan hasta de 3 años de cárcel para todas aquellas mujeres que incumplan sus plazos o supuestos, se sometan a la intervención fuera de un centro acreditado, y para todos aquellos profesionales que accedan a practicar un aborto a petición de una mujer fuera de lo establecido por la ley.
Seguimos reclamando que se lleve a cabo un plan de educación sexual y afectiva desde la infancia, basada en la igualdad y el respeto; así como el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos existentes para que puedan estar al alcance de todas las personas.
Seguimos luchando hoy por extinguir la doble moral de algunos médicos que se niegan a realizar abortos en sus puestos de trabajo dentro de la sanidad pública, alegando “objeción de conciencia”, pero que luego no ponen ninguna traba para realizarlos en sus clínicas privadas, lucrándose con ello.
La regulación del aborto no entraña ninguna obligación para nadie, pero permite que quien desee recurrir a ello pueda hacerlo de forma segura.
Es por todo esto que la lucha feminista no es una cuestión del pasado. Es una necesidad presente para poder garantizar un futuro libre en el que la interrupción voluntaria del embarazo sea un derecho inherente a la mujer.
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